Un comité del Senado de Utah presentó un “reporte favorable” de un proyecto de ley que tiene la finalidad de sancionar a las personas que cometen fraude por medio de falsos servicios de inmigración, por lo que la iniciativa deberá ser debatida en el pleno.

La propuesta de ley SB144, de la Senadora Luz Robles, demócrata por Salt Lake City, ya pasó su primera prueba el 2 de febrero, cuando fue aprobada por 5 votos a favor, 2 en contra y una abstención en la primera consideración de esa medida en comité. Robles explicó que decidió presentar este proyecto luego de que se detectara un creciente número de fraudes en Utah relacionados con inmigración tras la aprobación de la ley HB116 en la sesión legislativa de 2011. La HB116 permitiría que ciertos trabajadores indocumentados regularicen su situación y puedan ser legalmente contratados por empresas de Utah. Sin embargo, esa ley entrará en vigor en julio de 2013 solamente si el Congreso federal le otorga a Utah un permiso especial para poder contratar a esos extranjeros indocumentados.

Además, la HB116 enfrenta varias demandas judiciales que podrían postergar o impedir su entrada en vigor. Y este año ya existen por lo menos dos propuestas en la legislatura de Utah para abolir esa ley. A pesar de ello, existen numerosos reportes de “abuso y fraude por parte de personas que publicitan falsos servicios de inmigración”, dijo Robles.

“Muchas veces estas comunidades reciben información incorrecta que no sólo les cuesta miles de dólares, sino que además complica tremendamente su situación migratoria”, subrayó la senadora. “No todos los profesionales que están afuera realizan prácticas predatorias y estos buenos profesionales estarán interesados en ser registrados”, agregó.

Por eso Robles propone que se cree un registro de consultores de inmigración y que se aumenten las sanciones para quienes comentan fraude relacionado con trámites inmigratorios.

Un consultor migratorio es, según la SB144, una persona que provee ayuda o consejos migratorios no relacionados con temas legales. Esos servicios incluyen traducciones, compilación de documentos (como actas de nacimiento), envío de los documentos a las agencias federales correspondientes o derivación del interesado a un abogado de inmigración.

La meta de SB144 es que solamente los consultores migratorios registrados puedan ofrecer los servicios mencionados, mientras que quienes no se registren deberán abstenerse de hacerlo. Además, los consultores registrados deberán primero pasar por un chequeo de antecedentes criminales.

Aaron Tarin, presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) de Utah, dijo que ayudó a redactar la propuesta de Robles debido a que la considera una “medida necesaria”, ya que bajo las leyes actuales del estado no existe ninguna norma que proteja y prevenga a los inmigrantes de las estafas.

“Existe un problema muy grande para la comunidad inmigrante, que es el fraude”, dijo Tarin.

“Muchas veces no saben que están siendo victimas de [engaños] por parte de algún consejero o notario de inmigración” agregó el abogado. “He visto familias enteras que han sido deportadas por haber presentado solicitudes al Servicio de Inmigración cuando no calificaban para regularizar su estatus. Los abogados estamos conscientes de que nuestros precios son más altos que los que ofrecen estos notarios, pero el público debe saber que a veces lo barato puede salir muy caro”, subrayó.

Robles le dijo a Ahora Utah que parte del problema que enfrentan algunas personas a la hora de solicitar asesoría sobre inmigración radica en la confusión que puede haber sobre las funciones de un notario público.

“En Estados Unidos, la definición de un notario [público] es muy distinta a la que existe en México u otros países de América Latina [donde son abogados especializados], y esto puede ser un poco confuso”, dijo la senadora. La SB144 “ayudará a esclarecer el significado del término ‘notario’ y el tipo de servicio que ofrece”, agregó.

Mediante la SB144 se intenta regular también la relación entre el consultor y su cliente, especificando que se debe firmar un contrato entre ambos y que el cliente puede cancelar el contrato hasta 72 horas después de firmarlo. Y el consultor debe explicar el alcance y los límites de los servicios que proveerá en el idioma natal del cliente.

El proyecto también establece parámetros para las traducciones y para el tratamiento de los documentos personales.

Quienes no se ajusten a esta ley podrían recibir multas de hasta 10,000 dólares por cada caso en que la persona sea encontrada culpable, más multas o cargos adicionales, según lo establezca la justicia.

La Senadora Robles confía en que por medio de esta ley se podrá separar a “los buenos profesionales” de aquellos que sean fraudulentos. Si la ley se aprueba, entraría en vigor en julio de este año.