Un senador estatal presentó en la legislatura de Utah dos proyectos de ley para abolir los programas y beneficios que este estado actualmente concede a trabajadores indocumentados argumentando que no le corresponde a ese cuerpo deliberativo legislar sobre temas migratorios.

El Senador Steve Urquhart, republicano por St. George, indicó que sus propuestas piden la abolición del programa de contratación de trabajadores extranjeros aprobado en 2011 (aunque todavía no entra en vigor) y la cancelación del otorgamiento de las llamadas “tarjetas de privilegio de conducir” a personas sin presencia legal en el país.

Antes de presentar sus proyectos de ley el 3 de febrero, Urquhart reconoció que ambas iniciativas son “altamente controvertidas” y anticipó que será difícil que sean aprobadas.

Los proyectos, explicó el legislador, se basan en los pedidos que recibió de los ciudadanos a los que él representa en el condado Washington, una zona conocida por su férrea postura en contra de la inmigración ilegal.

Las autoridades de ese condado recientemente aprobaron una ordenanza que requiere que las compañías que allí operan obligatoriamente se registren con la base de datos federal E-Verify, de verificación de documentos de identidad. Caso contrario, esas empresas podrían perder sus licencias comerciales.

Una de las propuestas de Urquhart aboliría la ley HB116, ya aprobada por el Gobernador Gary Herbert en marzo del año pasado, la cual daría a ciertos trabajadores indocumentados la posibilidad de obtener permisos de trabajo si pagan una multa y si cumplen con otros requisitos.

Se espera que la HB116 entre en vigor en julio del 2013, pero primero el gobierno de Utah deberá recibir un permiso especial del Congreso federal para poder contratar a trabajadores indocumentados en este estado.

Además, la HB116 enfrenta varias demandas judiciales que podrían impedir o postergar su entrada en vigor.

El otro proyecto de Urquhart pide cancelar las “tarjetas de privilegio de conducir” (licencias de conducir para personas sin seguro social), así como el programa que actualmente conduce el Departamento de Seguridad Pública para verificar, por medio de huellas dactilares, los antecedentes policiales de trabajadores indocumentados como una manera de combatir el robo de identidad.

Sus propuestas, indicó el senador, se basan en el hecho que “nosotros (la legislatura de Utah) carecemos de toda autoridad legal bajo la Constitución para establecer nuestro propio sistema de inmigración y naturalización”.

Por su parte Tony Yapias, presidente del Proyecto Latino de Utah, pidió que los inmigrantes de este estado que “no se alarmen por estas propuestas de ley”. “Se trata solamente de un intento para ver hasta dónde pueden llegar. Son solamente propuestas. Nada ha sido aprobado. Vamos a estar presentes en el Capitolio estatal para asegurarnos de que estos proyectos no sean aprobados”, declaró.