El 1 de diciembre, un informe del Centro Hispano Pew indicó que 85 por ciento de los adultos indocumentados llevan más de cinco años en este país y que 62 por ciento llevan más de 10; casi la mitad de ellos tienen hijos menores de edad.

La edad promedio de los adultos indocumentados es de 36.2 años. La cifra para los documentados es de 46.1 años; y para los estadounidenses es de 46.5 años.

Aproximadamente 11.2 millones de indocumentados viven en los Estados Unidos. La cifra se eleva a 16.6 millones si se incluyen a todas las personas que viven en familias que tienen —como mínimo— una persona indocumentada; representan 5.4 por ciento de la población nacional, es decir, 308.7 millones de habitantes.

Algunos políticos y activistas quieren castigar a los indocumentados o hacerles la vida difícil hasta que se van del país. Dada la larga estancia de tantos indocumentados, estos antiinmigrantes están luchando en contra de la realidad. Su política tiene fecha de caducidad que rápidamente se les acerca.

Se ve cercano un futuro alentador. No obstante, los indocumentados han pasado momentos sumamente difíciles. Vale la pena repasar un poco de esa historia.

El 11 de diciembre de 2001 hubo una redada en el aeropuerto de Salt Lake City. El fiscal federal de Utah levantó cargos penales en contra de 63 indocumentados que estaban trabajando en las zonas de seguridad.

En general, los cargos consistieron en haber hecho una declaración falsa en el I-9 (un formulario para verificar si una persona está autorizada para trabajar en E.U.). Normalmente, el gobierno federal resuelve este tipo de caso con un proceso de deportación, no un proceso penal.

Visité la cárcel de Ogden el 12 de diciembre de ese año (hace una década). Aún tengo en la memoria las preguntas que hacían los encarcelados: “¿Por qué nos tratan como delincuentes?”. “Solo estamos aquí para trabajar”. “Somos patriotas”. “Queremos a la bandera estadounidense”.

Cinco años más tarde, el 12 de diciembre de 2006, hubo una redada en Hyrum, Utah. Esto resultó en la detención de más de 100 indocumentados que trabajaban en la empresa Swift Co. Muchas personas y familias sufrieron sus consecuencias.

Estos problemas y muchos otros han ocurrido a causa de un sistema fallido, peligrosamente desconectado de las realidades de la sociedad y de la economía. Hace falta más responsabilidad por parte de todos los que participan en el debate sobre cómo actualizar las leyes migratorias.

Este año hemos visto el fracaso de la famosa “Solución de Utah,” una medida que pretendía incluir permisos estatales de trabajo. Los expertos en inmigración han coincidido en que dicho plan es inconstitucional. El gobierno federal ha declarado que demandará al estado si intenta ponerlo en marcha. La inmigración es casi exclusivamente una asunto federal.

Sin embargo, el estado puede hacer algunas cosas pequeñas. Reforzar el Utah DREAM Act (Acta de los Sueños) es viable. Esto ofrecería a los estudiantes indocumentados la posibilidad de obtener becas y otras ayudas financieras para estudiar en una universidad. Es una medida que serviría para equilibrar las oportunidades y estimular la economía.

A nivel nacional, es importante impulsar una reforma migratoria que permita que los indocumentados se integren mejor a la sociedad y a la economía. Hace falta coordinar el sistema de inmigración con las necesidades económicas de las personas. Hace falta simplificar los procesos para los que están aquí y los que quieren venir.

Vamos por buen un camino hacia sueños alcanzables. El desafío es seguir.

— Mark Álvarez es abogado y miembro de la junta directiva de la Biblioteca Pública de Salt Lake City.