Como en todas las temporadas de campaña electoral en las que los legisladores compiten por ocupar los titulares, en estos días se discuten algunas ideas extravagantes en el Congreso de Estados Unidos. Una de las más delirantes y peligrosas es un proyecto de ley republicano que propone utilizar “tácticas de contrainsurgencia” para combatir una supuesta “insurgencia terrorista” en México.

La propuesta patrocinada por el presidente del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara, el legislador Connie Mack, republicano de Florida, y aprobada por ese panel de mayoría republicana el 15 de diciembre, dice que su propósito es “proteger a los ciudadanos estadounidenses de amenazas externas” planteadas por los cárteles mexicanos del narcotráfico a los que denomina organizaciones “terroristas”.

Hace notar que el Plan Mérida de E.U. y México contra los cárteles del narcotráfico no está dando frutos y propone, entre otras cosas, la presencia de asesores militares estadounidenses en México y la adopción de “tácticas de contrainsurgencia” que supuestamente estarían coordinadas con México. Pero el texto es muy vago con respecto a cuáles serían esas tácticas.

El término, según el diccionario, se utiliza para describir “acciones de un grupo, ejército, etc., contra personas que pelean derrocar un gobierno” y suele ser asociado con el combate contra grupos irregulares mediante métodos irregulares.

Llamé al despacho de Mack y pregunté si está proponiendo asesinatos selectivos en México o algo semejante y sus asesores me dijeron que no. Les pregunté si el proyecto de ley incluiría posibles acciones unilaterales de E.U. en México, y la respuesta fue nuevamente negativa.

El congresista Eliot Engel, demócrata de Nueva York —el único voto de disenso del panel—, me dijo en una entrevista subsiguiente que independientemente de las propuestas del proyecto de ley, calificar de terroristas a los cárteles mexicanos es absurdo porque estos no tienen una agenda política.

Un segundo proyecto de ley patrocinado por Mack y aprobado por el mismo subcomité de la Cámara ese mismo día propone un recorte del 20 por ciento de los fondos estadounidenses destinados a la Organización de Estados Americanos (OEA) si esa institución no aplica sus propia Carta Democrática para condenar las medidas anticonstitucionales de Venezuela y Nicaragua.

Engel, que también se opuso a este proyecto de ley, dijo que el recorte sería contraproducente especialmente después de que los países latinoamericanos crearan recientemente una nueva organización regional conocida como la CELAC, que no incluye a E.U.

“¿Por qué querríamos destruir la única organización de la que Estados Unidos forma parte y en la que tiene influencia?”, preguntó.

Ahora, ambos proyectos de ley pasarán al Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara —donde tienen buena posibilidad de ser aprobados— y a la Cámara de Representantes en pleno, donde también podrían ser aprobados.

Mi opinión •

Estos proyectos de ley son puras piruetas propagandísticas de Mack, que se está postulando para una banca en el Senado. Si son aprobadas por la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, se quedarán estancados en el Senado, controlado por los demócratas. Y aún si fueran aprobadas por el Senado, lo más probable es que serían vetadas por el Presidente Barack Obama.

No obstante, es peligroso jugar con estos temas. Mientras el proyecto de ley sobre la OEA posiblemente no sea más que una manera extrema de presionar a esa institución para que aplique sus propias reglas para la defensa colectiva de la democracia, el proyecto de ley sobre la “insurgencia terrorista” en México podría ser aún más dañino porque amenaza con instalar ese concepto en el lenguaje político de Washington.

Sería un diagnóstico equivocado que podría resultar en una peor medicina. Aparte del hecho de que los cárteles mexicanos —a diferencia de los colombianos— no tienen una agenda política para tomar el poder, calificarlos de “terroristas” podría abrir una caja de Pandora.

Si el concepto se asienta en Washington, los políticos de E.U. muy pronto podrían pedir una reducción de la cooperación de inteligencia con el gobierno mexicano, el incremento de los controles fronterizos y, tal vez, hasta ataques militares unilaterales en México.